Ciudades santuario alentadas por fallo de la Corte Suprema

Nora Hernádez (izq), activista de la agrupación New Mexico Dream Team, conversa con Javier Solís, estudiante de una secundaria local, poco antes de una reunión del concejo municipal para analizar políticas a favor de los inmigrantes el 17 de abril del 2018 en Albuquerque, Nuevo México. Un fallo de la Corte Suprema sobre las apuestas en el deporte podría perjudicar los esfuerzos del gobierno nacional por hacer que estados y municipales hagan cumplir las leyes inmigratorias. (AP Photo/Mary Hudetz)

Por MARK SHERMAN

WASHINGTON (AP) — En su época de dueño de casinos, Donald Trump seguramente hubiera festejado el fallo del lunes de la Corte Suprema que anuló una ley federal que impedía a los estados las apuestas a la mayoría de los deportes.

Su gobierno, sin embargo, quería que la Corte avalase esa ley en parte porque su anulación podría complicar su batalla contra las ciudades y estados santuario. Siete de los nueve jueces de la Corte Suprema –cinco conservadores y dos liberales– apoyaron una lectura rígida de la 10ma Enmienda de la Constitución que limita las facultades del gobierno nacional para imponer su voluntad a los estados.

La ley contra las apuestas a los deportes es inconstitucional porque “inequívocamente le dice a la legislatura de un estado lo que puede y no puede hacer”, escribió el juez Samuel Alito al resumir el sentir mayoritario. “Es como si se instalase funcionarios federales en las cámaras legislativas munidos de autoridad para impedir que los legisladores aprueben propuestas que nos les gustan”.

Hay un vínculo directo entre la decisión del tribunal supremo en torno a las apuestas en el deporte y los esfuerzos del gobierno nacional por castigar a estados y municipalidades que se resisten a hacer cumplir las políticas inmigratorias federales, según varios expertos en asuntos legales.

“La corte sin duda dijo que el gobierno federal no puede obligar a los estados a que hagan cumplir las leyes federales. En el contexto de la inmigración, esto quiere decir que no puede exigir a las autoridades municipales o estatales que cooperen con las autoridades federales de inmigración”, opinó Ilya Shapiro, especialista en estudios constitucionales del Instituto Cato.

Omar Jadwat, director del proyecto sobre derechos de los inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles, dijo que el fallo refuerza decisiones de la década de 1990, incluida una que dejó sin efecto partes de una ley federal de control de armas que exigía a la policía local determinar si un comprador estaba capacitado para portar armas.

“Reitera que el argumento principal de la 10ma Enmienda y de los principios de las leyes en este terreno es que el gobierno federal no puede decirle cómo legislar a los estados o las municipalidades”, expresó Jadwat. La enmienda dice que las facultades que no son atribuidas específicamente al gobierno federal pertenecen a los estados.

El Departamento de Justicia desistió de comentar el fallo. Había pedido al tribunal supremo que avalase la postura del gobierno nacional aduciendo que no violaba la constitución.

En el fallo judicial más reciente sobre las ciudades santuario, el tribunal federal de apelaciones de Chicago dijo el mes pasado que el gobierno nacional no puede negar fondos relacionados con la seguridad pública destinados a ciudades que se niegan a cumplir las políticas inmigratorias del gobierno federal.

En demandas resistiendo la postura del gobierno federal, las municipalidades aducen que al convertir a las policías locales en brazos del servicio de inmigración se afecta la relación con las comunidades minoritarias y se hace más improbable que los residentes de esas comunidades denuncien delitos. El gobierno federal, por su parte, dice que las localidades santuario permiten que delincuentes peligrosos sigan en la calle.

Los esfuerzos del gobierno por castigar a las localidades que no colaboran con el servicio de inmigración han tomado varias formas. Trump emitió un decreto que niega fondos a las jurisdicciones más combativas y el gobierno también demandó al estado de California por haber sancionado tres leyes que dan protección a los inmigrantes que están en el país sin permiso.

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